Hoy se habla, de manera ya habitual, de la idea de corregir el modelo económico y social que impera en el país. Sin duda que aquellos que lo hacen, desde el interior de la Concertación, no lo hacen para producir un menoscabo de la coalición política o por un simple afán de figuración política, que en muchos casos ya la tienen y no necesitan conquistarla como primerizos o muchachos rebeldes.
Creo que existen fundadas razones para pensar que es necesario hacer cambios profundos y en este caso hacerlos desde una perspectiva educacional. Pienso que este Gobierno de la Concertación, dirigido por la Presidenta Bachelet, puede y debe mejorar las brechas existentes en el mundo social y económico, con más y mejor educación ¿Cómo hacerlo?, es la pregunta que muchos nos planteamos, es decir, donde focalizar nuestros esfuerzos para tener una educación amplia y diversa de buena calidad, como la que el país necesita para su futuro próximo.
Un nuevo enfoque político-técnico
Lo primero es evidenciar la existencia de un grupo de técnicos al interior del Ministerio de Educación que ha manejado la educación sin contrapesos importantes desde que se iniciaron los Gobiernos de la Concertación en el 1990. Este grupo, no ha sido capaz de vislumbrar los cambios que son necesarios de efectuar al modelo pedagógico y educacional impuesto por los tecnócratas originales de la primera época concertacionista y que se afincaron con fuerza en su interior y de manera paralela, a la institucionalidad profesional de dicho Ministerio. De manera inicial, el primer grupo de tecnócratas se enraizó fuertemente en el Programa MECE (Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación) financiado y orientado por el Banco Mundial, cuyo eje pedagógico fue mejorar la calidad de la educación desde la perspectiva de los logros en la enseñanza y aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo de los estudiantes de educación básica, como foco central del quehacer pedagógico del sistema. Todos los esfuerzos estuvieron centrados en obtener resultados en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, dejando de lado, de hecho, otras formas más activas y originales del proceso educativo.
Una educación más activa, dedicada a la resolución de problemas y con un alto énfasis en un “aprender haciendo por parte del alumno” no fue en absoluto considerada. De hecho, las experiencias que se intentaron desarrollar, como las iniciativas impulsadas en esa época por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) como las “Aulas tecnológicas” o el énfasis en desarrollar “objetivos transversales” (en los cueles cual tuvo un destacado papel el Profesor Eduardo Castro) fueron sencillamente eliminadas en la práctica, por estos tecnócratas de nuevo cuño. Hoy, por ejemplo, se les ve promoviendo, a través del concepto de “emprendimiento” lo mismo que se les dijo en los años 90 y frente a lo cual no tuvieron capacidad de escuchar. De ahí la necesidad de reenfocar el sistema educacional y sus procesos de enseñanza, aprendizaje y desarrollo hacia una pedagogía más cercana a la práctica, al manejo del tiempo y el espacio, problematizando la realidad e introduciendo el desarrollo de la capacidad de diseño y emprendimiento, que tanta falta harán en el futuro cercano de nuestro país. Una pedagogía activa que considere el manejo de interacción del niño con la realidad que lo circunda y lo motiva, debería ser el primer peldaño de una pedagogía que se pueda adecuar a las exigencias del desarrollo social y económico de Chile, sin dejar que paralelamente se socialicen los valores propios a nuestra cultura. El manejo de las TICs vendrá como una consecuencia lógica de un desarrollo de los aprendizajes que deben comenzar desde la realidad y no desde la imaginación de los mundos virtuales. No es posible pensar que personas comprometidas con un modelo educacional y pedagógico que se ha demostrado ineficiente, puedan ser las misas que impulsen los cambios del modelo educacional imperante.
Creo que existen fundadas razones para pensar que es necesario hacer cambios profundos y en este caso hacerlos desde una perspectiva educacional. Pienso que este Gobierno de la Concertación, dirigido por la Presidenta Bachelet, puede y debe mejorar las brechas existentes en el mundo social y económico, con más y mejor educación ¿Cómo hacerlo?, es la pregunta que muchos nos planteamos, es decir, donde focalizar nuestros esfuerzos para tener una educación amplia y diversa de buena calidad, como la que el país necesita para su futuro próximo.
Un nuevo enfoque político-técnico
Lo primero es evidenciar la existencia de un grupo de técnicos al interior del Ministerio de Educación que ha manejado la educación sin contrapesos importantes desde que se iniciaron los Gobiernos de la Concertación en el 1990. Este grupo, no ha sido capaz de vislumbrar los cambios que son necesarios de efectuar al modelo pedagógico y educacional impuesto por los tecnócratas originales de la primera época concertacionista y que se afincaron con fuerza en su interior y de manera paralela, a la institucionalidad profesional de dicho Ministerio. De manera inicial, el primer grupo de tecnócratas se enraizó fuertemente en el Programa MECE (Mejoramiento de la Equidad y Calidad de la Educación) financiado y orientado por el Banco Mundial, cuyo eje pedagógico fue mejorar la calidad de la educación desde la perspectiva de los logros en la enseñanza y aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo de los estudiantes de educación básica, como foco central del quehacer pedagógico del sistema. Todos los esfuerzos estuvieron centrados en obtener resultados en el aprendizaje de la lectura, la escritura y el cálculo, dejando de lado, de hecho, otras formas más activas y originales del proceso educativo.
Una educación más activa, dedicada a la resolución de problemas y con un alto énfasis en un “aprender haciendo por parte del alumno” no fue en absoluto considerada. De hecho, las experiencias que se intentaron desarrollar, como las iniciativas impulsadas en esa época por el Centro de Perfeccionamiento, Experimentación e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP) como las “Aulas tecnológicas” o el énfasis en desarrollar “objetivos transversales” (en los cueles cual tuvo un destacado papel el Profesor Eduardo Castro) fueron sencillamente eliminadas en la práctica, por estos tecnócratas de nuevo cuño. Hoy, por ejemplo, se les ve promoviendo, a través del concepto de “emprendimiento” lo mismo que se les dijo en los años 90 y frente a lo cual no tuvieron capacidad de escuchar. De ahí la necesidad de reenfocar el sistema educacional y sus procesos de enseñanza, aprendizaje y desarrollo hacia una pedagogía más cercana a la práctica, al manejo del tiempo y el espacio, problematizando la realidad e introduciendo el desarrollo de la capacidad de diseño y emprendimiento, que tanta falta harán en el futuro cercano de nuestro país. Una pedagogía activa que considere el manejo de interacción del niño con la realidad que lo circunda y lo motiva, debería ser el primer peldaño de una pedagogía que se pueda adecuar a las exigencias del desarrollo social y económico de Chile, sin dejar que paralelamente se socialicen los valores propios a nuestra cultura. El manejo de las TICs vendrá como una consecuencia lógica de un desarrollo de los aprendizajes que deben comenzar desde la realidad y no desde la imaginación de los mundos virtuales. No es posible pensar que personas comprometidas con un modelo educacional y pedagógico que se ha demostrado ineficiente, puedan ser las misas que impulsen los cambios del modelo educacional imperante.
Una nueva administración y gestión del sistema
En segundo lugar, estimo aconsejable que el tema de la administración y gestión del sistema educacional tenga una resolución político-técnica a la brevedad, no necesariamente a través del trabajo de Comisiones creada para estos efectos, sino mediante la concertación de voluntades de los partidos políticos, suponiendo que desde la perspectiva de los actores educativos se hace muy difícil retroceder en el tiempo y volver a la fórmula dual de educación privada pagada y educación pública gratuita.
No obstante, lo que aún queda de educación pública municipal debe ser apoyada con recursos y nuevos modos de gestión, para lograr una calidad del servicio que permita que el sistema educativo tenga una reserva de alternativas que no se presentan ni en el sistema privado (pagado o subvencionado).Hace algunos años atrás formulé la necesidad de crear Consejos Locales de Educación (constituidos por uno o más municipios coordinados, además, con otras organizaciones), como nuevas formas de administración y gestión público-privada, los cuales no fueron implementados, sino que se recurrió a una formula de carácter provincial, la cual definitivamente no funcionó. Hoy es posible pensar que dichos consejos se pueden desarrollar integrando los distintos tipos de educación y se agrupen posteriormente en niveles superiores de gestión, mediante las representaciones adecuadas, en lo que podríamos denominar Consejos Regionales de Educación. Esto, con el fin de poder elaborar políticas educativas regionales, que consideren las características propias y peculiaridades de cada región del país y, a la vez, las políticas educativas y orientaciones nacionales al respecto. Sin duda que el enfoque político que es preciso trabajar pasa por el peso que han adquirido las organizaciones de los colegios particulares subvencionados, sobre los cuales, al igual que con los municipales y particulares pagados, debe ejercerse un fuerte control de la calidad del servicio educacional que prestan. En este sentido, el Estado tiene la función básica de garantizar una educación de calidad para toda la población escolar, independiente del tipo de administración y gestión de las unidades educativas y el sistema en su totalidad.
En segundo lugar, estimo aconsejable que el tema de la administración y gestión del sistema educacional tenga una resolución político-técnica a la brevedad, no necesariamente a través del trabajo de Comisiones creada para estos efectos, sino mediante la concertación de voluntades de los partidos políticos, suponiendo que desde la perspectiva de los actores educativos se hace muy difícil retroceder en el tiempo y volver a la fórmula dual de educación privada pagada y educación pública gratuita.
No obstante, lo que aún queda de educación pública municipal debe ser apoyada con recursos y nuevos modos de gestión, para lograr una calidad del servicio que permita que el sistema educativo tenga una reserva de alternativas que no se presentan ni en el sistema privado (pagado o subvencionado).Hace algunos años atrás formulé la necesidad de crear Consejos Locales de Educación (constituidos por uno o más municipios coordinados, además, con otras organizaciones), como nuevas formas de administración y gestión público-privada, los cuales no fueron implementados, sino que se recurrió a una formula de carácter provincial, la cual definitivamente no funcionó. Hoy es posible pensar que dichos consejos se pueden desarrollar integrando los distintos tipos de educación y se agrupen posteriormente en niveles superiores de gestión, mediante las representaciones adecuadas, en lo que podríamos denominar Consejos Regionales de Educación. Esto, con el fin de poder elaborar políticas educativas regionales, que consideren las características propias y peculiaridades de cada región del país y, a la vez, las políticas educativas y orientaciones nacionales al respecto. Sin duda que el enfoque político que es preciso trabajar pasa por el peso que han adquirido las organizaciones de los colegios particulares subvencionados, sobre los cuales, al igual que con los municipales y particulares pagados, debe ejercerse un fuerte control de la calidad del servicio educacional que prestan. En este sentido, el Estado tiene la función básica de garantizar una educación de calidad para toda la población escolar, independiente del tipo de administración y gestión de las unidades educativas y el sistema en su totalidad.
¿Cuáles son los elementos mínimos que pueden garantizar una educación de calidad para Chile?
Una educación de calidad implica contar con varios elementos desarrollados de manera adecuada.
1) Significa, en primer lugar, contar con profesores y profesoras bien formados y en continuo perfeccionamiento docente, con buenas condiciones de trabajo, en un sistema educativo que les garantice posibilidades reales de desarrollo de sus potenciales humanos y profesionales. Esto tiene una directa relación con la formación y perfeccionamiento docente de los profesores de aula como también de aquellos que ejercen funciones directivas. En esta tarea el Estado como también las Universidades formadoras de profesores/as deben realizar esfuerzos de acercar la formación pedagógica a las prácticas escolares de aulas y de los establecimientos educacionales. De alguna manera esta nueva formación debe estar más centrada en la tarea de enseñar del docente que en el aprendizaje de los alumnos (pese a que es indispensable tener un conocimiento profundo del proceso de aprender), pues con esto cambiamos el eje de la formación de estos profesionales desde el aprendizaje a la didáctica o metodologías de la enseñanza. Suplimos la enseñanza de las ciencias de la educación por la práctica docente del enseñar, habida cuenta que lo que tenemos que fortalecer son los instrumentos didácticos que sí podemos controlar con mayor detalle, a diferencia del aprendizaje que es un fenómeno de causas multivariadas, en las cuales el ámbito educacional o escolar sólo juega una de las partes causales del fenómeno del aprender.
2) En segundo lugar la calidad de la educación tiene una directa relación con la pertinencia entre aquello que se enseña y las necesidades sico-sociales y de aprendizaje de los alumnos y del entorno (la localidad o región en el cual éste o ésta están viviendo), es decir, la utilización de un currículum educacional que enseñe para la vida y sus proyecciones de trascendencia (religiosas o no) y no sólo para proyectar al ser humano hacia lo práctico e inmediato (lo que hoy sería el pragmatismo neoliberal).
Esto implica cambiar el foco de la educación hacia una pedagogía del hacer, pues es desde ésta que se puede alcanzar la pertinencia. Esto, en términos de políticas educacionales, implica que éstas estén más cerca de lo que para los alumnos y sus familias son más pertinente. Acercar las políticas educacionales a la escuela es una tarea indispensable de realizar, para lo cual éstas políticas deben surgir no solo desde un pensamiento abstracto y conceptual teórico, sino desde la práctica misma del trabajo pedagógico que se lleva a cabo en las escuelas. Sólo de esta manera las políticas educativas podrán tener un sustento real en la pertinencia social y cultural de sus postulados de base y contenidos curriculares.
De este planteamiento surge de inmediato la idea del respeto por la diferenciación entre los establecimientos educacionales, que se insertan en realidades sociales muy diversas, y que por lo mismo deben tener un currículo pertinente a las realidades del entorno y un apoyo económico equitativo a dichas realidades.
3) Una tercera tarea es fortalecer y mejorar la capacidad de gestión de los administradores educacionales, no importando el origen de los mismos (municipales, particulares subvencionados o particulares pagados, como es el caso de las distintas formas de administración educacional y propiedad de los establecimientos educacionales en Chile).
Sin duda que este punto debe ser enlazado con el rol que juega el Estado en materias de desarrollo adecuado del sistema educacional, en la medida que éste es garante del bien común educacional. Esto implica relevar el rol del Estado como garante del bien común educacional, entendiendo la educación como un bien social que no es propiedad de unos pocos sino que es un bien que es propio a toda la sociedad, cuyo uso puede ser personalizado o particularizado, pero que en definitiva es la sociedad, mediante la acción del Estado, la que debe garantizar una educación pertinente y de calidad para las nuevas generaciones que se integran a la sociedad.
El rol del Ministerio de Educación debería estar, por lo mismo, caracterizado no solo por sus funciones de normatividad, regulación reglamentaria, evaluación de los procesos al interior del sistema y sus relaciones con otros sistemas relevantes para el desarrollo del país, sino por las tareas de ejecución educativa que es preciso realizar en aquellos sectores educacionales en donde existan carencias reales de buenos servicios educativos. Un ejemplo claro de esto podría darse en lo que sucede en la educación técnico profesional, en donde se han dado las oportunidades a los particulares para que administren delegadamente los establecimientos educacionales y no se han observado cambios significativos para las nuevas realidades que implica el desarrollo económico y social del país.
4) Una cuarta tarea es crear espacios para el emprendimiento y la innovación pedagógica, actualmente muy olvidados al interior del sistema educativo. Una directa relación con esto tienen las estructuras organizacionales del sistema, a las cuales hay que pensar en términos más democráticos, es decir, hacer más horizontales los niveles de decisión, sin descuidar con esto la necesaria coherencia y coordinación nacional del sistema educativo. Hoy la tendencia ha sido seguir focalizando las decisiones educativas en niveles crecientes de concentración y centralismo, en los distintos niveles del sistema (desde las unidades educativas hasta el nivel nacional). La concentración y no descentralización de las decisiones educativas y especialmente las pedagógicas, son factores importantes en lo que se podría denominar la “pesada carga que carga el sistema” y entre sus actores, de manera especial, los profesores/as. Ellos no encuentran en estas estructuras condicionantes de su tarea pedagógica, espacios que promuevan la innovación, la creatividad y el emprendimiento pedagógico, sobre los cuales pesen sistemas de incentivos reales (económicos y profesionales), motivadores para la tarea innovadora en las acciones pedagógicas que llevan a cabo cotidianamente.
5) Obviamente, en un sistema tan diferenciado como el sistema educacional chileno, no sólo por sus formas de administración, sino por sus diferenciaciones socioeconómicas internas, es preciso que la ayuda de la sociedad, mediante las herramientas del Estado, marque diferencias en el logro de una equidad en los recursos asignados. Las ayudas preferenciales a los más pobres, es una obligación y responsabilidad del Estado en cuanto éste debe garantizar una educación de calidad para todos los chilenos y chilenas en edad escolar (que en la actualidad es toda la vida, mediante una educación permanente). Las subvenciones diferenciadas por realidades socio económicas es una idea mediante la cual es posible alcanzar mayores grados de equidad educativa y social. 6) A riesgo de ser reiterativo, un sistema de planificación comunal y regional (programación, presupuesto y evaluación), con una coordinación nacional (que en los hechos se da en caso de Chile), es fundamental de implementar si es que no queremos tener “cesantes ilustrados” a corto plazo. La diversidad de alternativas educacionales sólo se podrá dar en la medida que las comunas y regiones del país logren compenetrarse de las necesidades educativas de sus propios niveles. De hecho, el PADEM (Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal) ha sido una herramienta que marca un primer avance en esta perspectiva. No obstante eso, es preciso seguir adelante con el proceso desconcentrador y descentralizador del sistema educacional, sin que esto implique la perdida de la unidad educativa nacional, como parte del patrimonio de la sociedad.
Una educación de calidad implica contar con varios elementos desarrollados de manera adecuada.
1) Significa, en primer lugar, contar con profesores y profesoras bien formados y en continuo perfeccionamiento docente, con buenas condiciones de trabajo, en un sistema educativo que les garantice posibilidades reales de desarrollo de sus potenciales humanos y profesionales. Esto tiene una directa relación con la formación y perfeccionamiento docente de los profesores de aula como también de aquellos que ejercen funciones directivas. En esta tarea el Estado como también las Universidades formadoras de profesores/as deben realizar esfuerzos de acercar la formación pedagógica a las prácticas escolares de aulas y de los establecimientos educacionales. De alguna manera esta nueva formación debe estar más centrada en la tarea de enseñar del docente que en el aprendizaje de los alumnos (pese a que es indispensable tener un conocimiento profundo del proceso de aprender), pues con esto cambiamos el eje de la formación de estos profesionales desde el aprendizaje a la didáctica o metodologías de la enseñanza. Suplimos la enseñanza de las ciencias de la educación por la práctica docente del enseñar, habida cuenta que lo que tenemos que fortalecer son los instrumentos didácticos que sí podemos controlar con mayor detalle, a diferencia del aprendizaje que es un fenómeno de causas multivariadas, en las cuales el ámbito educacional o escolar sólo juega una de las partes causales del fenómeno del aprender.
2) En segundo lugar la calidad de la educación tiene una directa relación con la pertinencia entre aquello que se enseña y las necesidades sico-sociales y de aprendizaje de los alumnos y del entorno (la localidad o región en el cual éste o ésta están viviendo), es decir, la utilización de un currículum educacional que enseñe para la vida y sus proyecciones de trascendencia (religiosas o no) y no sólo para proyectar al ser humano hacia lo práctico e inmediato (lo que hoy sería el pragmatismo neoliberal).
Esto implica cambiar el foco de la educación hacia una pedagogía del hacer, pues es desde ésta que se puede alcanzar la pertinencia. Esto, en términos de políticas educacionales, implica que éstas estén más cerca de lo que para los alumnos y sus familias son más pertinente. Acercar las políticas educacionales a la escuela es una tarea indispensable de realizar, para lo cual éstas políticas deben surgir no solo desde un pensamiento abstracto y conceptual teórico, sino desde la práctica misma del trabajo pedagógico que se lleva a cabo en las escuelas. Sólo de esta manera las políticas educativas podrán tener un sustento real en la pertinencia social y cultural de sus postulados de base y contenidos curriculares.
De este planteamiento surge de inmediato la idea del respeto por la diferenciación entre los establecimientos educacionales, que se insertan en realidades sociales muy diversas, y que por lo mismo deben tener un currículo pertinente a las realidades del entorno y un apoyo económico equitativo a dichas realidades.
3) Una tercera tarea es fortalecer y mejorar la capacidad de gestión de los administradores educacionales, no importando el origen de los mismos (municipales, particulares subvencionados o particulares pagados, como es el caso de las distintas formas de administración educacional y propiedad de los establecimientos educacionales en Chile).
Sin duda que este punto debe ser enlazado con el rol que juega el Estado en materias de desarrollo adecuado del sistema educacional, en la medida que éste es garante del bien común educacional. Esto implica relevar el rol del Estado como garante del bien común educacional, entendiendo la educación como un bien social que no es propiedad de unos pocos sino que es un bien que es propio a toda la sociedad, cuyo uso puede ser personalizado o particularizado, pero que en definitiva es la sociedad, mediante la acción del Estado, la que debe garantizar una educación pertinente y de calidad para las nuevas generaciones que se integran a la sociedad.
El rol del Ministerio de Educación debería estar, por lo mismo, caracterizado no solo por sus funciones de normatividad, regulación reglamentaria, evaluación de los procesos al interior del sistema y sus relaciones con otros sistemas relevantes para el desarrollo del país, sino por las tareas de ejecución educativa que es preciso realizar en aquellos sectores educacionales en donde existan carencias reales de buenos servicios educativos. Un ejemplo claro de esto podría darse en lo que sucede en la educación técnico profesional, en donde se han dado las oportunidades a los particulares para que administren delegadamente los establecimientos educacionales y no se han observado cambios significativos para las nuevas realidades que implica el desarrollo económico y social del país.
4) Una cuarta tarea es crear espacios para el emprendimiento y la innovación pedagógica, actualmente muy olvidados al interior del sistema educativo. Una directa relación con esto tienen las estructuras organizacionales del sistema, a las cuales hay que pensar en términos más democráticos, es decir, hacer más horizontales los niveles de decisión, sin descuidar con esto la necesaria coherencia y coordinación nacional del sistema educativo. Hoy la tendencia ha sido seguir focalizando las decisiones educativas en niveles crecientes de concentración y centralismo, en los distintos niveles del sistema (desde las unidades educativas hasta el nivel nacional). La concentración y no descentralización de las decisiones educativas y especialmente las pedagógicas, son factores importantes en lo que se podría denominar la “pesada carga que carga el sistema” y entre sus actores, de manera especial, los profesores/as. Ellos no encuentran en estas estructuras condicionantes de su tarea pedagógica, espacios que promuevan la innovación, la creatividad y el emprendimiento pedagógico, sobre los cuales pesen sistemas de incentivos reales (económicos y profesionales), motivadores para la tarea innovadora en las acciones pedagógicas que llevan a cabo cotidianamente.
5) Obviamente, en un sistema tan diferenciado como el sistema educacional chileno, no sólo por sus formas de administración, sino por sus diferenciaciones socioeconómicas internas, es preciso que la ayuda de la sociedad, mediante las herramientas del Estado, marque diferencias en el logro de una equidad en los recursos asignados. Las ayudas preferenciales a los más pobres, es una obligación y responsabilidad del Estado en cuanto éste debe garantizar una educación de calidad para todos los chilenos y chilenas en edad escolar (que en la actualidad es toda la vida, mediante una educación permanente). Las subvenciones diferenciadas por realidades socio económicas es una idea mediante la cual es posible alcanzar mayores grados de equidad educativa y social. 6) A riesgo de ser reiterativo, un sistema de planificación comunal y regional (programación, presupuesto y evaluación), con una coordinación nacional (que en los hechos se da en caso de Chile), es fundamental de implementar si es que no queremos tener “cesantes ilustrados” a corto plazo. La diversidad de alternativas educacionales sólo se podrá dar en la medida que las comunas y regiones del país logren compenetrarse de las necesidades educativas de sus propios niveles. De hecho, el PADEM (Plan Anual de Desarrollo Educativo Municipal) ha sido una herramienta que marca un primer avance en esta perspectiva. No obstante eso, es preciso seguir adelante con el proceso desconcentrador y descentralizador del sistema educacional, sin que esto implique la perdida de la unidad educativa nacional, como parte del patrimonio de la sociedad.
Las tareas más urgentes de realizar
Si nos guiamos estrictamente por las tareas antes mencionadas, lógicamente que estas deben ser las más urgentes de abordar por parte de la Concertación. Sin embargo, la Concertación es un conglomerado de partidos de distintas visiones sobre la realidad que han acordado algunos elementos claves para desarrollar la democracia, intentando lograr con esto un sistema de convivencia que permita a todos participar en los beneficios del desarrollo que tiene el país. Pese a los esfuerzos que se han hecho para lograr estos objetivos, quedan algunos sobre los cuales hay que prestar una debida atención. Nos referimos a aquellos que dicen relación con las brechas de desigualdad que aún subsisten de manera notable en nuestro país, en donde los ricos disfrutan de un muy buen pasar cotidiano y en donde los más pobres y la clase media deben sufrir los rigores de una economía a todas luces injusta en sus procesos de distribución de las riquezas, generadas con el aporte de el trabajo y el capital de todos los que participan en los procesos productivos y de servicio de los cuales se nutre la actividad económica.
La situación de la existencia de estas brechas, se replica desde el plano económico al plano educacional, no de una manera calcada, pero si manteniendo una estructura de distribución de los recursos y los aprendizajes muy semejante. En relación a los recursos destinados a educación, como todos lo sabemos, existen marcadas diferencias entre aquellos recursos que logran manejar los colegios particulares pagados en relación a los colegios municipales. Estas diferencias, caracterizadas por una relación de 5 a 1, es lo que en muchas ocasiones no permite que los niños y jóvenes de sectores pobres puedan acceder a una educación de calidad. Si a esto agregamos el entorno socio económico y cultural en el cual se desenvuelven unos y otros, es lógico suponer que estas brechas se acentúan con mayor fuerza. Esto implica que es preciso sacar adelante mandatos normativos y voluntades políticas y económicas que permitan superar rápidamente estas brechas. Esto supone acuerdos educacionales de carácter político-nacionales, en primer lugar entre los miembros de la Concertación y los partidos políticos de la oposición. Un acuerdo nacional, de carácter político, es indispensable de asumir a la brevedad y no esperar el resultado de multitudinarias Comisiones formadas por el Gobierno, que si bien pueden dar algunas luces sobre el futuro de la educación en el plano técnico, no tiene la fuerza política para lograr un acuerdo nacional sobre el tema. La relevancia de otros actores y sus posiciones sobre la educación deben ser representadas por los partidos políticos, como garantes de la representatividad de los actores sociales involucrados en la temática.
En este sentido, la denominada Comisión Brunner, tuvo éxito por el momento en que se vivía, ya que debían hacerse los primeros intentos de acuerdo de este tipo, en donde, de todos modos, se previó la representatividad de la mayor parte de los actores sociales, económicos y políticos de la sociedad chilena de la época. Este acuerdo nacional debe restituir algunos elementos claves al Ministerio de Educación o a instancias distintas a las actuales, entre los cuales, sin duda en primer lugar, se encuentra la educación técnico profesional (nivel medio) y la educación técnica (nivel superior) y la capacitación en general. Nos referimos al amplio conglomerado de instancias existentes relacionadas con esta esfera del sistema educacional y que necesariamente deben ser reguladas desde “un ente coordinador”. Esto, por la sencilla razón, que el desarrollo futuro del país implica coordinaciones que están más allá de esfuerzos particulares aislados. Otro aspecto relevante, en este sentido, es que el Ministerio de Educación (o la entidad pública que se implemente para estos efectos), debe velar por el servicio educativo que está recibiendo la población, en la medida que la educación es un bien público que necesita la garantía del Estado, no sólo en términos de cobertura y equidad de los servicios prestados, sino de la calidad de los mismos. No olvidemos que el Estado, como representante de toda la sociedad, es el garante de los bienes públicos, entre los cuales se cuenta la educación, no importando por lo mismo la propiedad o formas de gestión de los establecimientos educacionales, que podrían asumir distintas formas de acuerdo a la diversidad de nuestra sociedad. En este sentido, el Estado también puede asumir roles ejecutivos en estas materias para garantizar la calidad, equidad y cobertura educativa y por lo mismo puede y debe entregar, bajo su responsabilidad directa, una educación gratuita de calidad que obligue a los demás actores del sistema a lograr o superar los estándares que la sociedad se fije para la tarea educativa. Por otra parte, es importante señalar que los particulares deben asumir un rol y función única educativa en la creación y desarrollo de sus establecimientos educacionales en los distintos niveles del sistema.
De esto se infiere que éstos no deben estar ligados a negocios inmobiliarios u a otros fines que no sean los propiamente educativos, tal como hoy sucede con los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) las cuales tienen como finalidad única y exclusiva la capacitación. Con esto se termina con el lucro excesivo en educación. No menos importante que lo anterior es rediscutir los diseños curriculares actualmente en uso, no para eliminarlos, sino para introducirles las correcciones que sean necesarias para acercar las acciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje hacia una educación que esté más preocupada de los aprendizajes prácticos de los estudiantes (que sirvan para el desenvolvimiento práctico de la vida), eliminando contenidos (conocimientos, destrezas y actitudes), que no son imprescindibles para una adecuada vida futura de los niños y jóvenes que integrarán las futuras generaciones de adultos del país.
Si nos guiamos estrictamente por las tareas antes mencionadas, lógicamente que estas deben ser las más urgentes de abordar por parte de la Concertación. Sin embargo, la Concertación es un conglomerado de partidos de distintas visiones sobre la realidad que han acordado algunos elementos claves para desarrollar la democracia, intentando lograr con esto un sistema de convivencia que permita a todos participar en los beneficios del desarrollo que tiene el país. Pese a los esfuerzos que se han hecho para lograr estos objetivos, quedan algunos sobre los cuales hay que prestar una debida atención. Nos referimos a aquellos que dicen relación con las brechas de desigualdad que aún subsisten de manera notable en nuestro país, en donde los ricos disfrutan de un muy buen pasar cotidiano y en donde los más pobres y la clase media deben sufrir los rigores de una economía a todas luces injusta en sus procesos de distribución de las riquezas, generadas con el aporte de el trabajo y el capital de todos los que participan en los procesos productivos y de servicio de los cuales se nutre la actividad económica.
La situación de la existencia de estas brechas, se replica desde el plano económico al plano educacional, no de una manera calcada, pero si manteniendo una estructura de distribución de los recursos y los aprendizajes muy semejante. En relación a los recursos destinados a educación, como todos lo sabemos, existen marcadas diferencias entre aquellos recursos que logran manejar los colegios particulares pagados en relación a los colegios municipales. Estas diferencias, caracterizadas por una relación de 5 a 1, es lo que en muchas ocasiones no permite que los niños y jóvenes de sectores pobres puedan acceder a una educación de calidad. Si a esto agregamos el entorno socio económico y cultural en el cual se desenvuelven unos y otros, es lógico suponer que estas brechas se acentúan con mayor fuerza. Esto implica que es preciso sacar adelante mandatos normativos y voluntades políticas y económicas que permitan superar rápidamente estas brechas. Esto supone acuerdos educacionales de carácter político-nacionales, en primer lugar entre los miembros de la Concertación y los partidos políticos de la oposición. Un acuerdo nacional, de carácter político, es indispensable de asumir a la brevedad y no esperar el resultado de multitudinarias Comisiones formadas por el Gobierno, que si bien pueden dar algunas luces sobre el futuro de la educación en el plano técnico, no tiene la fuerza política para lograr un acuerdo nacional sobre el tema. La relevancia de otros actores y sus posiciones sobre la educación deben ser representadas por los partidos políticos, como garantes de la representatividad de los actores sociales involucrados en la temática.
En este sentido, la denominada Comisión Brunner, tuvo éxito por el momento en que se vivía, ya que debían hacerse los primeros intentos de acuerdo de este tipo, en donde, de todos modos, se previó la representatividad de la mayor parte de los actores sociales, económicos y políticos de la sociedad chilena de la época. Este acuerdo nacional debe restituir algunos elementos claves al Ministerio de Educación o a instancias distintas a las actuales, entre los cuales, sin duda en primer lugar, se encuentra la educación técnico profesional (nivel medio) y la educación técnica (nivel superior) y la capacitación en general. Nos referimos al amplio conglomerado de instancias existentes relacionadas con esta esfera del sistema educacional y que necesariamente deben ser reguladas desde “un ente coordinador”. Esto, por la sencilla razón, que el desarrollo futuro del país implica coordinaciones que están más allá de esfuerzos particulares aislados. Otro aspecto relevante, en este sentido, es que el Ministerio de Educación (o la entidad pública que se implemente para estos efectos), debe velar por el servicio educativo que está recibiendo la población, en la medida que la educación es un bien público que necesita la garantía del Estado, no sólo en términos de cobertura y equidad de los servicios prestados, sino de la calidad de los mismos. No olvidemos que el Estado, como representante de toda la sociedad, es el garante de los bienes públicos, entre los cuales se cuenta la educación, no importando por lo mismo la propiedad o formas de gestión de los establecimientos educacionales, que podrían asumir distintas formas de acuerdo a la diversidad de nuestra sociedad. En este sentido, el Estado también puede asumir roles ejecutivos en estas materias para garantizar la calidad, equidad y cobertura educativa y por lo mismo puede y debe entregar, bajo su responsabilidad directa, una educación gratuita de calidad que obligue a los demás actores del sistema a lograr o superar los estándares que la sociedad se fije para la tarea educativa. Por otra parte, es importante señalar que los particulares deben asumir un rol y función única educativa en la creación y desarrollo de sus establecimientos educacionales en los distintos niveles del sistema.
De esto se infiere que éstos no deben estar ligados a negocios inmobiliarios u a otros fines que no sean los propiamente educativos, tal como hoy sucede con los Organismos Técnicos de Capacitación (OTEC) las cuales tienen como finalidad única y exclusiva la capacitación. Con esto se termina con el lucro excesivo en educación. No menos importante que lo anterior es rediscutir los diseños curriculares actualmente en uso, no para eliminarlos, sino para introducirles las correcciones que sean necesarias para acercar las acciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje hacia una educación que esté más preocupada de los aprendizajes prácticos de los estudiantes (que sirvan para el desenvolvimiento práctico de la vida), eliminando contenidos (conocimientos, destrezas y actitudes), que no son imprescindibles para una adecuada vida futura de los niños y jóvenes que integrarán las futuras generaciones de adultos del país.
Gabriel de Pujadas Hermosilla
Educador y Sociólogo
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