Un primer acercamiento al tema propuesto nos permite sustentar que siempre el Estado y el Gobierno, (como el instrumento propio de políticas publicas y de las acciones ejecutivas llevadas a cabo por la administración pública), está presente e incide a través de distintas vías en las formas en que se desarrollan las relaciones de género en la sociedad. Aun cuando el Estado no implemente políticas públicas expresamente, su presencia siempre estará presente en la configuración de las relaciones de género y las inequidades del mismo. Esto se debe a que el Estado se caracteriza por tres elementos fundamentales: es un conjunto de instituciones, marca un territorio geográficamente delimitado y establece normas de convivencia, en las cuales están incluidas las relaciones de género.
El Estado, actuando mediante las políticas públicas, la ejecución de planes y programas de acción y el sustento que le proporciona el aparato burocrático (administración pública) ejerce un poder muy importante en la configuración de las relaciones de género. Es así como se han constituido paradigmas de comprensión e interpretación de esta realidad. Estos paradigmas no ofrecen aisladamente ninguna explicación adecuada sobre el rol del Estado en la configuración de las relaciones de género, pero posibilitan extraer algunos elementos que son valiosos para ir construyendo un modelo de interpretación flexible sobre la materia y constituir, de alguna manera, una base sólida de teoría para la investigación empírica sobre el tema.
Estos paradigmas son los siguientes y se caracterizan por los siguientes elementos:
a) El paradigma liberal, en el cual el Estado es considerado como una entidad social neutra, mientras no ponga limitantes legales particulares para la igualdad de las mujeres. Este paradigma, mirado desde una perspectiva positiva, nos posibilita observar la importancia de las leyes y reglamentos legales para las mujeres y ofrece la posibilidad de considerar al Estado como neutro (como punto de partida) y desde ahí observar los sesgos que se dan entre mujeres y hombres. No obstante lo anterior, este paradigmas tiene desventajas en la medida que no considera la importancia que tienen las leyes en su funcionamiento habitual, dado que estas mismas leyes consideran a todos los seres humanos como iguales y por lo mismo no puede constituir o institucionalizar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres.
Un ejemplo de esto es el ingreso en Chile a la Educación Técnica Profesional, en donde los parámetros de selección e ingreso y los procesos educativos son considerados similares para mujeres y hombres, sin pensar sobre las diferencias de origen e historia de marginación de las mujeres en los procesos de generación, gestión y difusión del conocimiento; o que las carreras ofrecidas son siempre dirigidas a la atención preferencial de la calificación de los hombres, por sobre la atención de las mujeres, a las cuales se les margina hacia carreras que son propias a una concepción doméstica del rol de las mujeres en la sociedad. De ahí la importancia, por ejemplo, de la labor realizada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, dependiente del Ministerio de Educación, que maneja prácticamente todo el sistema de becas y ayudas escolares del país, y en el cual se han introducido indicadores de género y en donde se tienen claramente establecidas las brechas existentes entre hombres y mujeres beneficiarias del sistema, con el fin de realizar acciones positivas en relación al tema (pese a lo controversial que pueden ser las acciones positivas para algunas personas).
b) El paradigma radical, que rechaza al Estado en cuanto entidad legítima en la vida social , pues lo considera o define como una entidad masculina y por lo mismo jamás podrá dar a las mujeres una cuota del poder existente o por existir en la sociedad. Esto surge de la observación del hecho de que el poder político es sustentado por los hombres y que el acceso a las posiciones de poder por parte de las mujeres es siempre escaso, lo cual lleva a que las leyes y normas jurídicas siempre favorezcan a los hombres, en desmedro de las mujeres. Sin embargo, este paradigma nos aporta un aspecto positivo en la comprensión del rol del Estado y su relación con la equidad de género: señala que es necesario tener en consideración y estar atentos a como las normas masculinas (jurídicas, sociales y culturales, etc.) se introducen sutilmente (y a veces no tanto) en las institucionalidad, que se identifica con lo masculino sirviendo esto para ejercer el poder sobre las mujeres, siendo gobernadas por estas mismas instituciones masculinizadas. Un aspecto negativo de este paradigma es que aquellas y aquellos que lo sustentan no valoran, al parecer bajo ningún punto de vista, la acción del Estado en beneficio de las mujeres y no abre vías de discusión o diálogo para seguir un camino de comprensión social y cultural del fenómeno relacional Estado-equidad de género.
c) El paradigma marxista feminista, niega que el Estado, por su existencia y acción pública, oprima específicamente a las mujeres. La explicación que ofrece este paradigma es que el Estado tiene como misión fortalecer el capitalismo; en éste se da la división de clases y una clase ineludiblemente domina a la otra. El Estado es capitalista, pero no patriarcal, pues éste es un sistema de dominación masculina sobre la mayoría de las mujeres. Las mujeres están oprimidas por su posición de clase, pues aquellas que pertenecen a las clases dominantes no son oprimidas. El Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre la otra y las mujeres se encontrarían oprimidas como parte de la opresión de clase. La ventaja de este paradigma es que nos muestra lo importante que son las relaciones económicas para la situación de las mujeres en la sociedad; situación económica que, en este paradigma, es asimilada mecánicamente a la pertenencia a una clase social u otra. La desventaja de este paradigma es que en el mismo se ignora o no se plantea las interrelaciones entre el género y la clase social. Del mismo modo se ignora la situación familiar de las mujeres que, en ciertas condiciones, puede derivar en un cambio de estatus de clase.
En general, podemos afirmar que el rol del Estado en cualquiera de estos paradigmas está traspasado siempre por la variable Poder y que su peso sobre la vida social y las relaciones que se dan en la misma, es alto. Si consideramos el poder como la capacidad que unos tienen sobre otros, para que éstos últimos digan, hagan o piensen de acuerdo a lo que quieren los primeros, debemos considerar que el Estado, por ser sujeto de Poder, puede influir de manera considerable en las relaciones de género, en la aceptación de las inequidades existentes o provocar con su acción mayores inequidades.
Es así como, de acuerdo al Poder que representa el Estado, podemos observar la existencia de un feminismo institucional, en el cual las mujeres asumen puestos de dirección o de influencia en diversos organismos del Estado, para así trabajar en representación de los intereses de las mujeres (en diversas instituciones y ámbitos) y desarrollar políticas y acciones tendientes al acortamiento de las brechas entre hombres y mujeres, especialmente cuando éstas tienen una directa relación con los ingresos de las mujeres y la igualdad de los sexos en materias de empleo. Es así como el concepto de feminismo institucional tiene importancia en el diseño de políticas públicas que son influidas por mujeres en su legitimidad, representación y participación organizacional.
Del mismo modo, cabe destacar la “presencia” del género en el Estado, en la medida que la institucionalidad del mismo no sólo influye en la familia y la sexualidad, sino también en la esfera pública del mundo laboral y la política, es decir, en la delineación de las relaciones de género. Por otra parte, lo que denominamos el modelo weberiano del burócrata, es criticado por el hecho de que el burócrata que se plantea en el mismo es un ser racional regido por reglas de legitimidad que son propias a los hombres, sin considerar a las mujeres dentro de las mismas. Este burócrata weberiano vive en un mundo individualista, realizando acciones autónomas, regido por reglas inflexibles (las leyes de la burocracia) y no deja lugar para la presencia del rol de la mujer en la administración del Estado.
El Estado, actuando mediante las políticas públicas, la ejecución de planes y programas de acción y el sustento que le proporciona el aparato burocrático (administración pública) ejerce un poder muy importante en la configuración de las relaciones de género. Es así como se han constituido paradigmas de comprensión e interpretación de esta realidad. Estos paradigmas no ofrecen aisladamente ninguna explicación adecuada sobre el rol del Estado en la configuración de las relaciones de género, pero posibilitan extraer algunos elementos que son valiosos para ir construyendo un modelo de interpretación flexible sobre la materia y constituir, de alguna manera, una base sólida de teoría para la investigación empírica sobre el tema.
Estos paradigmas son los siguientes y se caracterizan por los siguientes elementos:
a) El paradigma liberal, en el cual el Estado es considerado como una entidad social neutra, mientras no ponga limitantes legales particulares para la igualdad de las mujeres. Este paradigma, mirado desde una perspectiva positiva, nos posibilita observar la importancia de las leyes y reglamentos legales para las mujeres y ofrece la posibilidad de considerar al Estado como neutro (como punto de partida) y desde ahí observar los sesgos que se dan entre mujeres y hombres. No obstante lo anterior, este paradigmas tiene desventajas en la medida que no considera la importancia que tienen las leyes en su funcionamiento habitual, dado que estas mismas leyes consideran a todos los seres humanos como iguales y por lo mismo no puede constituir o institucionalizar las desigualdades existentes entre mujeres y hombres.
Un ejemplo de esto es el ingreso en Chile a la Educación Técnica Profesional, en donde los parámetros de selección e ingreso y los procesos educativos son considerados similares para mujeres y hombres, sin pensar sobre las diferencias de origen e historia de marginación de las mujeres en los procesos de generación, gestión y difusión del conocimiento; o que las carreras ofrecidas son siempre dirigidas a la atención preferencial de la calificación de los hombres, por sobre la atención de las mujeres, a las cuales se les margina hacia carreras que son propias a una concepción doméstica del rol de las mujeres en la sociedad. De ahí la importancia, por ejemplo, de la labor realizada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, dependiente del Ministerio de Educación, que maneja prácticamente todo el sistema de becas y ayudas escolares del país, y en el cual se han introducido indicadores de género y en donde se tienen claramente establecidas las brechas existentes entre hombres y mujeres beneficiarias del sistema, con el fin de realizar acciones positivas en relación al tema (pese a lo controversial que pueden ser las acciones positivas para algunas personas).
b) El paradigma radical, que rechaza al Estado en cuanto entidad legítima en la vida social , pues lo considera o define como una entidad masculina y por lo mismo jamás podrá dar a las mujeres una cuota del poder existente o por existir en la sociedad. Esto surge de la observación del hecho de que el poder político es sustentado por los hombres y que el acceso a las posiciones de poder por parte de las mujeres es siempre escaso, lo cual lleva a que las leyes y normas jurídicas siempre favorezcan a los hombres, en desmedro de las mujeres. Sin embargo, este paradigma nos aporta un aspecto positivo en la comprensión del rol del Estado y su relación con la equidad de género: señala que es necesario tener en consideración y estar atentos a como las normas masculinas (jurídicas, sociales y culturales, etc.) se introducen sutilmente (y a veces no tanto) en las institucionalidad, que se identifica con lo masculino sirviendo esto para ejercer el poder sobre las mujeres, siendo gobernadas por estas mismas instituciones masculinizadas. Un aspecto negativo de este paradigma es que aquellas y aquellos que lo sustentan no valoran, al parecer bajo ningún punto de vista, la acción del Estado en beneficio de las mujeres y no abre vías de discusión o diálogo para seguir un camino de comprensión social y cultural del fenómeno relacional Estado-equidad de género.
c) El paradigma marxista feminista, niega que el Estado, por su existencia y acción pública, oprima específicamente a las mujeres. La explicación que ofrece este paradigma es que el Estado tiene como misión fortalecer el capitalismo; en éste se da la división de clases y una clase ineludiblemente domina a la otra. El Estado es capitalista, pero no patriarcal, pues éste es un sistema de dominación masculina sobre la mayoría de las mujeres. Las mujeres están oprimidas por su posición de clase, pues aquellas que pertenecen a las clases dominantes no son oprimidas. El Estado es un instrumento de dominación de una clase sobre la otra y las mujeres se encontrarían oprimidas como parte de la opresión de clase. La ventaja de este paradigma es que nos muestra lo importante que son las relaciones económicas para la situación de las mujeres en la sociedad; situación económica que, en este paradigma, es asimilada mecánicamente a la pertenencia a una clase social u otra. La desventaja de este paradigma es que en el mismo se ignora o no se plantea las interrelaciones entre el género y la clase social. Del mismo modo se ignora la situación familiar de las mujeres que, en ciertas condiciones, puede derivar en un cambio de estatus de clase.
En general, podemos afirmar que el rol del Estado en cualquiera de estos paradigmas está traspasado siempre por la variable Poder y que su peso sobre la vida social y las relaciones que se dan en la misma, es alto. Si consideramos el poder como la capacidad que unos tienen sobre otros, para que éstos últimos digan, hagan o piensen de acuerdo a lo que quieren los primeros, debemos considerar que el Estado, por ser sujeto de Poder, puede influir de manera considerable en las relaciones de género, en la aceptación de las inequidades existentes o provocar con su acción mayores inequidades.
Es así como, de acuerdo al Poder que representa el Estado, podemos observar la existencia de un feminismo institucional, en el cual las mujeres asumen puestos de dirección o de influencia en diversos organismos del Estado, para así trabajar en representación de los intereses de las mujeres (en diversas instituciones y ámbitos) y desarrollar políticas y acciones tendientes al acortamiento de las brechas entre hombres y mujeres, especialmente cuando éstas tienen una directa relación con los ingresos de las mujeres y la igualdad de los sexos en materias de empleo. Es así como el concepto de feminismo institucional tiene importancia en el diseño de políticas públicas que son influidas por mujeres en su legitimidad, representación y participación organizacional.
Del mismo modo, cabe destacar la “presencia” del género en el Estado, en la medida que la institucionalidad del mismo no sólo influye en la familia y la sexualidad, sino también en la esfera pública del mundo laboral y la política, es decir, en la delineación de las relaciones de género. Por otra parte, lo que denominamos el modelo weberiano del burócrata, es criticado por el hecho de que el burócrata que se plantea en el mismo es un ser racional regido por reglas de legitimidad que son propias a los hombres, sin considerar a las mujeres dentro de las mismas. Este burócrata weberiano vive en un mundo individualista, realizando acciones autónomas, regido por reglas inflexibles (las leyes de la burocracia) y no deja lugar para la presencia del rol de la mujer en la administración del Estado.
Gabriel de Pujadas Hermosilla
Educador y Sociólogo
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