Vamos por lo primero, es decir, dilucidar los conceptos que utilizaremos en este artículo.
El proceso de institucionalización debe ser entendido como un proceso mediante el cual se crean instituciones, es decir, pautas estables (normas, costumbres y usos) o habituales de comportamiento que se hacen “habituales” en la vida social. En otras palabras, la institucionalización es una manera de operacionalizar un valor social que ha sido acordado por la sociedad (o grupos importantes de ella), ya sea mediante un acuerdo político o cultural. Los propósitos de la institucionalización de Género son variados pero todos tienen en común el querer asentar la presencia de la mujer en el aparato del Estado, con el fin de favorecer la equidad de género y para esto trabajar en la superación de las brechas existentes entre hombres y mujeres. En palabras del propio texto “desde la perspectiva de género, institucionalizar significa integrar y reconocer la existencia del sistema de jerarquía entre los sexos en las relaciones y la dinámica social, como un asunto central en las relaciones de poder”
A modo de ejemplo: las Iglesias como instituciones o los partidos políticos, son instituciones en la medida que tienen pautas culturales y sociales aceptadas por todos o la mayoría de los integrantes. Estas pautas, a su vez, suponen aceptación de un determinado tipo de comportamientos sobre los cuales se aplican sistemas de sanciones (premios o castigos), permitiéndose ciertas “holguras” en el comportamiento de los individuos en relación a dichas pautas. Es lo que podemos denominar como “varianza normativa” fuera de la cual se aplican los sistemas de sanciones (premio para los que cumplen al máximo la norma y castigo para aquellos que las trasgreden llegándose en algunos casos a la muerte).
Un ejemplo de institucionalidad no lograda plenamente, es la “no valoración del trabajo doméstico no remunerado”, en la medida que la sociedad aún no lo considera como parte de un valor social o parte de un recurso financiero que incide de manera importante, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto. Existen estudios sobre la materia, en el cual se determina el valor hora del TDNR, pero esto no está presente en la sociedad como un valor compartido y no es habitual reconocer el valor económico del trabajo que las mujeres realizan en el hogar. El reconocimiento del Trabajo Doméstico pasa más bien por una cierta imagen de servicio que las mujeres realizan en el hogar, pero no más allá de eso. Afectivamente, con seguridad, este trabajo es valorado, pero socialmente no lo sería.
Dicho esto, nos podemos trasladar al tema de la dinámica de la institucionalización de la equidad de género en América Latina. Esta representa períodos claramente distinguibles:
a) El primero está marcado por el momento en que el Estado se muestra como una entidad desarrollista, industrializadota y nacionalista. Fue la época del “crecimiento hacia adentro”, plena época de esfuerzos por industrializar los países y sustituir las importaciones. Nos referimos al período de los años 30 y comienzos de los 40, en donde surgen gobiernos nacionalistas en donde se crean las grandes industrias de los países de América Latina que siguen este modelo. En el caso de Chile, por ejemplo, la creación de instituciones estatales poderosas, como la CORFO, ENAMI, ENAP, etc. responden a este patrón de crecimiento. En este período, netamente capitalista de Estado, los trabajadores y las escasas trabajadoras no tienen una fuerza que les permita institucionalizar organizaciones fuertes de defensa de los trabajadores y de integración de las mujeres al trabajo remunerado.
A modo de ejemplo: las Iglesias como instituciones o los partidos políticos, son instituciones en la medida que tienen pautas culturales y sociales aceptadas por todos o la mayoría de los integrantes. Estas pautas, a su vez, suponen aceptación de un determinado tipo de comportamientos sobre los cuales se aplican sistemas de sanciones (premios o castigos), permitiéndose ciertas “holguras” en el comportamiento de los individuos en relación a dichas pautas. Es lo que podemos denominar como “varianza normativa” fuera de la cual se aplican los sistemas de sanciones (premio para los que cumplen al máximo la norma y castigo para aquellos que las trasgreden llegándose en algunos casos a la muerte).
Un ejemplo de institucionalidad no lograda plenamente, es la “no valoración del trabajo doméstico no remunerado”, en la medida que la sociedad aún no lo considera como parte de un valor social o parte de un recurso financiero que incide de manera importante, por ejemplo, en el Producto Interno Bruto. Existen estudios sobre la materia, en el cual se determina el valor hora del TDNR, pero esto no está presente en la sociedad como un valor compartido y no es habitual reconocer el valor económico del trabajo que las mujeres realizan en el hogar. El reconocimiento del Trabajo Doméstico pasa más bien por una cierta imagen de servicio que las mujeres realizan en el hogar, pero no más allá de eso. Afectivamente, con seguridad, este trabajo es valorado, pero socialmente no lo sería.
Dicho esto, nos podemos trasladar al tema de la dinámica de la institucionalización de la equidad de género en América Latina. Esta representa períodos claramente distinguibles:
a) El primero está marcado por el momento en que el Estado se muestra como una entidad desarrollista, industrializadota y nacionalista. Fue la época del “crecimiento hacia adentro”, plena época de esfuerzos por industrializar los países y sustituir las importaciones. Nos referimos al período de los años 30 y comienzos de los 40, en donde surgen gobiernos nacionalistas en donde se crean las grandes industrias de los países de América Latina que siguen este modelo. En el caso de Chile, por ejemplo, la creación de instituciones estatales poderosas, como la CORFO, ENAMI, ENAP, etc. responden a este patrón de crecimiento. En este período, netamente capitalista de Estado, los trabajadores y las escasas trabajadoras no tienen una fuerza que les permita institucionalizar organizaciones fuertes de defensa de los trabajadores y de integración de las mujeres al trabajo remunerado.
b) Un segundo período se marca por el retiro del Estado de las iniciativas económicas, dejando paso a medidas tales como las siguientes: “disciplina, fiscal; preeminencia del mercado en la determinación de los precios, privatización, apertura económica; modificaciones a los regímenes de seguridad social y salud y al código laboral, Etc.” En este contexto, la situación de las mujeres “en situaciones de crisis y ajustes, pues aumenta la pobreza y la caída real del ingreso” como también debido a la “precarización e informatización del empleo”. Pese a esto, las mujeres y los jóvenes se integran de manera más importante al mercado laboral (servicios y trabajos en el mundo rural: fruticultura de exportación) en condiciones de inestabilidad del trabajo, bajos sueldos e inestabilidad laboral.
c) Un tercer período, en donde si podemos ver una integración de la mujer al aparato del Estado, comienza con los procesos de institucionalización del enfoque de género. Este proceso comienza efectivamente en la Primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer en 1975, mediante el mecanismo denominado Mujeres en el Desarrollo (MED), mediante el cual se comienza observar la contribución de las mujeres en el crecimiento económico. “La mujer constituye un recurso no aprovechado, susceptible de aportar económicamente al desarrollo”. En contraposición en los años 80 surge un mecanismo denominado Género en el Desarrollo (GED), de origen académico, el cual busca diseñar unas visiones distintas sobre la mujer a las que se venían sustentando hasta la fecha, es decir, se comienza a observar la necesidad de mirar más allá de la mujer para trabajar con el concepto de género en el desarrollo, incluyendo en esta mirada a los hombres y la relación de mujeres-hombres. Se comienza a conversar sobre género como un concepto transversal al tejido social (clases y etnias especialmente) y a la institucionalidad del Estado. Se plantea además el enfoque de las necesidades prácticas de género (NPG) identificadas en virtud de los roles socialmente aceptados y el enfoque centrado en las necesidades estratégicas de Género (NEG), el cual se identifica a partir de la posición de las mujeres en la sociedad respecto a los hombres
d) Algunos autores han caracterizado los enfoques sobre el desarrollo y las mujeres considerando las nociones de Bienestar (años 50 y 60); la de Equidad que sustenta la concepción MED (1976-85); la de Anti-pobreza, como segundo enfoque del MED; la de Eficiencia (a partir de los 80) que contempla en desarrollo como un proceso más efectivo y eficiente a partir de la contribución de las mujeres; por último, en enfoque de Empoderamiento que “propone dar mayor poder a las mujeres mediante una mayor confianza en si mismas”, distribuyendo el poder existente entre hombres y mujeres en los niveles familiares, comunitarios y estructurales.
e) Un cuarto período, a partir de los años 90, muestra un fuerte avance, especialmente a partir de dos elementos: a) los asuntos de las mujeres no son sólo asuntos exclusivos de las mujeres, sino también de la sociedad en general y b) los compromisos adquiridos por parte de los Gobiernos que, presionados por las organizaciones de mujeres, firman la Declaración de Beijing (1995), posteriormente ampliada en Nueva York. La institucionalización en la región de América Latina ha tenido algunos actores principales: a) los movimientos de mujeres nacionales e internacionales y b) los organismos internacionales, en cuyo caso cabe destacarse la CEDAW (1979) que si bien fue redactada en el 79, marca de manera importante los espacios de participación e institucionalización de la equidad de género.
Gabriel de Pujadas Hermosilla
Educador y Sociólogo
depunet@gmail.com
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